Los diagnósticos sobre la problemática del agua en México convergen en destacar información descriptiva de situaciones de riesgo para el futuro cercano de la población; información que suele sustentar la amenaza de una “crisis hidráulica” nacional si no se toman medidas inmediatas para resolver el suministro, calidad y usos del agua. Ciertamente los temores no son infundados y para aliviarlos se requiere de decisiones en políticas públicas acordes a la dimensión de esa preocupación que el gobierno federal ha declarado como asunto de “seguridad nacional”1 pero, sin duda, la complejidad del problema demanda del conocimiento exhaustivo de una realidad heterogénea que no admite uniformidad en las soluciones de corto, mediano y largo plazo.
La cuenca como concepto geográfico e hidrológico se ha instrumentalizado como referente inmediato de la organización y ejecución de políticas públicas sobre el agua nacional; es también un referente de estudio en sí mismo por la flexibilidad que contiene en su propia definición: área de superficie terrestre por donde circula el agua de lluvia a través de una red de corrientes que fluyen hacia una corriente principal que puede desembocar en un deposito interno o en el mar y cuyo topónimo define el identificador de la cuenca.2
Pero en esa “área” circulan además actores sociales cuyas actividades productivas dependen directamente de las corrientes superficiales y subterráneas que conforman la cuenca destacando las actividades agrícolas que consumen, en promedio, el 80% de su riqueza acuífera. Es por ello que actualmente las cuencas son consideradas como territorios idóneos para el ejercicio de políticas que permitan una gestión integral de los recursos naturales. Sin embargo la complejidad del problema ha restringido el impacto de las políticas públicas en los territorios de cuencas hidrológicas, reconociéndose explícitamente que la “cuenca” como sujeto de aplicación debe ser revisada en diversos aspectos: desde la delimitación geográfica hasta la conformación de realidades socioculturales diversas para perfilar un ordenamiento territorial efectivo.
Como territorios de interacción entre actores y de estos con el medio ambiente, y como espacios sujetos a la aplicación de políticas públicas, las fronteras de las cuencas se desdibujan continuamente en su morfología social: diversos y complejos factores económicos y sociales, asociados unos a procesos globales y otros más a situaciones históricas de conflicto en torno al recurso hídrico, recrean realidades versátiles en el tiempo y en el espacio que hacen del territorio de una cuenca un espacio de extrema complejidad en constante movilidad.
La movilidad, como expresión de la recreación de cambios en los procesos sociales, es un concepto susceptible de articularse a la construcción de territorialidades si partimos de que el territorio se aprende en tanto un espacio estructurado, construido y reproducido más allá de límites impuestos por la geografía y/o los recursos naturales que contiene. Esta definición nos conduce a poner el acento en las formas de organización social, económicas y políticas de un espacio social en torno a la producción de un territorio; y de la misma manera en su estructura que se basa en flujos de circulación de la confrontación en función del espacio organizado. Partimos entonces de la definición de un territorio como objeto de estudio, el cual pasa inevitablemente por el reconocimiento de prácticas socio-espaciales diversas producto de la interacción de los usuarios y de sus representaciones sobre el mismo.
Desde esta perspectiva el concepto de territorialidad de cuenca es empleado en la propuesta científica de la Red como referente hidrológico y el de territorio como concepto teórico que, articulados, nos permitan propiciar una reflexión sobre aproximaciones teóricas y metodológicas a las lógicas de desplazamiento y cambios de los procesos de construcciones territoriales en torno al uso del agua en el tiempo y en el espacio. ¿Son las cuencas territorios estáticos? ¿son los usos del agua explicación de construcciones territoriales? ¿es factibles suponer la existencia de límites hidrológico-culturales?
Las zonas áridas y semiáridas que caracterizan al Norte de México cuentan con sólo la tercera parte del recurso hídrico en relación al resto del país y en ella reside tres cuartas partes de la población total. La relación negativa entre población y recurso hídrico tiende además a incrementarse debido a los altos flujos de movilidad de la población hacia esta región fronteriza que, aunado al crecimiento de la demanda de agua per cápita registrada en los últimos años, define a esta región como una de las más vulnerables de México en cuestiones hídricas. Históricamente la presión sobre los recursos hídricos en el Norte de México se genera principalmente en los usos y distribución del agua en el sector agrícola por utilizar éste la mayor cantidad de agua disponible en la región; sin embargo, a partir de la última década se registra una tendencia hacia el consumo hídrico para la producción de bienes agroindustriales de exportación, sobre todo en afluentes internacionales y a un creciente estado de tensión entre el uso agrícola y el uso urbano.
Entre las regiones hidrológico-administrativas de la CNA las de la Península de Baja California (Región I), Sonora (Región II) y Río Bravo (Región VI, que abarca los estados de Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León) se ubican en zonas áridas y semiáridas en las que la producción agrícola se nutre del agua de riego de aguas superficiales y subterráneas. En estas regiones la sequía, como fenómeno recurrente, políticamente es considerada como un factor de presión de alto riesgo que, asociado a la baja productividad del agua en la producción agrícola y a las pérdidas en el riego provocadas por una infraestructura hidráulica vetusta e insuficiente, se impone como un patrón de conflicto permanente.
El concepto de sequía vinculado al de escasez conforma una unidad de análisis en sí misma en la interpretación de los conflictos por el agua en el Norte de México. Esta unidad se impone en el ámbito cotidiano de los usuarios sobre la realidad de otros vectores analíticos trascendentales como los niveles de explotación de los acuíferos; la persistencia y crecimiento de áreas de cultivo nocivas a la economía acuífera (forrajes principalmente); deterioro acelerado de oasis; procesos de desertización asociados a las tecnologías de riego; contaminación de aguas superficiales y subterráneas; afectación de flora y fauna nativas (especies endémicas); suministro de agua potable (rural y urbana) entre otros, limitando de manera significativa la efectividad de programas gubernamentales y civiles orientados a la gestión y sustentabilidad integral del agua.3
Los proyectos y políticas orientados a la generación de conocimiento y a la implementación de estrategias en aspectos de gestión, distribución y productividad de los recursos hídricos suelen tratarse exclusivamente desde la perspectiva hidrotécnica y en algunos casos, más recientes, sobre cuestiones ambientales; mientras que los aspectos sociales sólo se reconocen como fundamentales para remediar y/o negociar conflictos inmediatos. Son estos últimos, sin embargo, los que dan cuerpo a la noción de “gestión integrada del agua” que, en la práctica, ha tenido un enfoque más teórico que aplicado.4
En ese contexto los estudios científicos orientados a la innovación hidrológica ocupan un lugar preponderante en la producción de conocimiento y, en consecuencia, se han transformado en la vía más convocada para la generación de soluciones a la problemática del agua en zonas áridas. Sin embargo, la práctica de la aplicación de dichas soluciones ha mostrado que la salida tecnológica no siempre corresponde a las necesidades y expectativas de los usuarios. Pareciera entonces fundamental vincular las propuestas tecnológicas con la realidad social en la cual se pretende aplicarlas y, análogamente, sustentar la creación de espacios de interacción entre la creación de conocimiento científico y los sujetos sociales que conforman parte fundamental del sistema complejo agua-medio ambiente.
La modelización de sistemas complejos ha demostrado que a partir de estados iniciales profundamente similares las trayectorias temporales de un mismo sistema pueden resultar totalmente divergentes, lo cual pone en tela de juicio la noción clásica de determinismo: nos preguntamos entonces si ¿los fenómenos de sequía y escasez en los territorios de las cuencas del Norte de México son resultado de factores exógenos al medio ambiente desértico introducidos en el último siglo? y si, en esa medida ¿se sostiene la idea de un destino inexorable hacia una crisis hidráulica para el Norte de México?
Los conflictos por el agua en el Norte de México se iniciaron en la primera centuria (s. XVII-XVIII) de la ocupación sedentaria de sus territorios originalmente habitadas por grupos de cazadores-recolectores y/o semi-sedentarios. La introducción de especies (flora y fauna) exóticas provocó cambios inmediatos en el ambiente tales como desecación de lagunas, disminución de caudales superficiales, deforestación, erosión acelerada, migración de fauna nativa, etc. provocando cambios significativos en la territorialidad de los grupos humanos nativos y, en consecuencia, en sus ancestrales patrones reproductivos. La conquista agraria de estos territorios, acompañada de un intenso proceso de domesticación del agua, indujo a la conformación de una nueva geografía caracterizada por el dominio de los cereales y del ganado vacuno en contextos continuos de sequía.
Con los primeros asentamientos no nativos en el Norte de México se introdujo el uso de una tecnología de riego tradicional en la península española (herencia morisca) con la salvedad de que el medio desértico de esta región de Nueva España contrastaba con el medio ambiente peninsular en la distribución de los recursos hídricos de afluentes superficiales. Analizar la historia de los asentamientos agrícolas y los cambios culturales y socio-económicos asociados a éstos, resulta pues un factor necesario para ahondar en la comprensión de las nociones de sequía, escasez, conflicto y, en última instancia, de crisis hidráulica.
Los problemas de escasez de agua en México se han agravado en las últimas décadas, lo que genera mayor tensión en la competencia por el recurso, no sólo al interior, sino con otros países. En un intento por regular el uso del agua y de evitar los conflictos, el marco institucional ha ido cambiando sin conseguir del todo una reforma acorde con el nivel del problema. El diseño de mecanismos de prevención y, en su caso, de mediación y resolución de conflictos, requieren de conocer a fondo la manera en la que estos surgen y se desarrollan.
Cabe anotar que en el territorio que hoy ocupa el Norte de México el recurso agua ha tenido siempre un valor superior al recurso tierra: desde los orígenes de la conquista agraria el agua fue objeto de intercambio comercial. Históricamente el mercado del agua se ha transformado y adaptado a las diferentes legislaciones sobre el uso y distribución del agua, sin embargo, actualmente se presenta como un disyuntiva de confrontación pese a que sigue siendo un bien de cambio.5
Las afluentes de los ríos Bravo y Colorado se insertan en un contexto de confrontación cuyos antecedentes formales se ubican en los tratados de agua internacionales signados entre los gobiernos mexicano y norteamericano. La problemática internacional tiene un peso significativo en la distribución del recurso pero es igualmente decisiva en la organización territorial de los distritos de riego afectados y el en el problema de la productividad del agua. Las pérdidas del líquido provocadas por sistemas de riego caducos y los procesos de evaporación que tienden a la alza a causa de un claro proceso de desertificación, son aspectos que delatan cifras de alto riesgo para la resolución de un problema secular con el vecino país. En la misma medida la lenta e inconsistente introducción de cultivos alternativos, aptos a la situación crítica del agua y competitivos en el mercado global, así como la reestructuración de los sistemas agrícolas de cultivos tradicionales, son reflejo no sólo de políticas públicas de bajo impacto sino también son resultado de los cambios en el mercado del agua bajo reglas no explícitas en las que la oferta y demanda se adecuan a los precios impuestos por los grandes productores de productos lácteos6 y cárnicos.
En general, los territorios de las cuencas hidrográficas del Norte de México son considerados como prioritarios en la planeación del desarrollo económico de México en materia de agua; no sólo por su situación fronteriza, también porque se consideran parte de una de las regiones con mayor dinamismo y desarrollo en el país en la que la presión sobre el recurso es excesiva.7 La orientación de las políticas sobre los recursos hídricos “compartidos” con el vecino país, desatan confrontaciones internas a diferentes niveles: desde los problemas interestatales hasta problemas en los distritos de riego por la pérdida gradual de volúmenes para la producción agrícola.
Una de las principales características de esta gran zona hidrológica es su ubicación geográfica en entornos áridos y semi-áridos en los que la precipitación pluvial es escasa e intermitente: 600 mm promedio anual en la cuenca del río San Juan; 514 mm entre las presas internacionales; 392 mm en parte del río Salado; 363 mm en la cuenca del río Conchos y 264 mm en Tijuana-Mexicali-San Luis Río Colorado. La disponibilidad de agua, se expresa generalmente como el volumen de agua disponible por habitantes por año y los valores menores a 1 700 m3/hab/año se consideran como de estrés hídrico, lo que puede significar desabasto de agua, sobre todo en las temporadas secas. En situación de estrés hídrico, “disponibilidad muy baja” (entre 1000 y 2000 m3/hab/año), se encuentra el 70% de las regiones hidrológicas administrativas del Norte de México: las más bajas son la región Río Bravo y la Región Cuencas Centrales del Norte (1467 m3 y 1783 m3 respectivamente).
Tanto la cuenca del río Colorado que desemboca al mar de Cortés o Golfo de California, como la del río Bravo que desemboca en el extremo oriental, comparten recursos hídricos con los Estados Unidos de Norteamérica. De los afluentes mexicanos del río Bravo, los principales volúmenes de escurrimiento se generan en los ríos Conchos, San Juan y Salado, mientras que en la cuenca del río Colorado prácticamente no hay escurrimientos superficiales en el espacio mexicano.
Las regiones hidrológicas que se entretejen en estas dos cuencas internacionales forman parte prioritaria de los programas de sustentabilidad, gestión distribución y administración del gobierno federal, a saber: Baja California, Sonora y Río Bravo; ésta última integra los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.8 Los trabajos de la Red se ubican en esas regiones a partir de cinco ejes analíticos que conforman la propuesta colectiva interdisciplinaria con la ejecución, a su vez, de diversos proyectos en distintos espacios y temporalidades.
1.- El Economista.com.mx, 2/11/04
2.- Se reconoce a la “cuenca” como la “unidad territorial más aceptada para la gestión integrada de los recursos hídricos”, pero también se ha considerado que la gestión territorial por cuenca tiene una serie de dificultades que se ha buscado resolver a través del estudio de la composición y reestructuración de las cuencas con la creación de estructuras participativas y multisectoriales de coordinación y concertación: Dourojeanni, Axel. Políticas publicas para el desarrollo sustentable: la gestión integrada de cuencas, CEPAL-Instituto Nacional de Recursos Naturales. Mérida, Venezuela, 1994.
3.- Solo el 25% del agua escurre por los cauces superficiales, más del 70% se evapora y el resto recarga los acuíferos. El aprovechamiento del agua subterránea se realiza sobre los diversos acuíferos de los que, en muchos casos, se extraen volúmenes anuales superiores a la recarga promedio anual (principalmente con destino agrícola), provocando un delicado desequilibrio en las condiciones geohidrológicas que han sido catalogadas en algunos casos en situaciones límite o críticas.
4.- Dourojeanni, op.cit. p.14
5.- El agua figura en la lista de productos de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) como bien comerciable.
6.- Se ha calculado que para la producción de una tonelada de leche se emplean 10,000 m3 de agua, dato que es contrastante con la producción de una tonelada de trigo en la que se emplean 500 m3.
7.- Secretaría de Gobernación, Comisión para Asuntos de la Frontera Norte, “Programa de Desarrollo Regional 2001-2006”, Cap. V: “Agua”, Comisión Nacional del Agua. La “Región Frontera Norte” concentra al 17% de la población mexicana y genera el 23% del PIB.
8.- “El Medio Ambiente en 2002 en Resumen”. SEMARNAT, www.semarnat.gob.mx.
( categoría: recunor )
